Dalmases, el compañero de despacho de Torra, en el epicentro de la trama
Desviaba presuntamente dinero público de la Diputación de Barcelona y emitía facturas a dos fundaciones por ayudar a “dirigir una revista” para justificar gastos en cooperación
Francesc de Dalmases de JxCAT (d), Natalia Sanchez de la CUP (i), y Rubén Wagensberg de ERC (c), el pasado abril. (EFE)Contacta al autor A. Fernández. Barcelona Francesc de Dalmases, diputado de Junts per Catalunya (JxCAT), no solo es un hombre de confianza de Carles Puigdemont. También era compañero de despacho del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ambos ocupaban sendas mesas en la War Room, la ‘habitación de la guerra’, como llamaban a su despacho en el Parlament hasta hace dos semanas. Pero también tiene otra particularidad: presuntamente desviaba dinero público de la Diputación de Barcelona y emitía facturas a dos fundaciones por ayudar a “dirigir una revista” para justificar gastos en cooperación internacional, como la reconstrucción de un pueblo en Bosnia-Herzegovina. Francesc de Dalmases, junto a Judit Aixalà y Joaquim Milla Fargas, tenía firma reconocida en las cuentas corrientes de la Fundación Catmon, una de las más beneficiadas por el presunto desvío de fondos. El presidente de la entidad, no obstante, es el empresario Víctor Terradellas, que en su momento había sido responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Dalmases, por su parte, es presidente de Igman. Desde 2012, el ahora diputado vivía de lo que cobraba de estas fundaciones, “principalmente de Catmon mediante retribuciones por servicios profesionales (autónomo)”, según recoge el acta judicial. El texto incluye algunas situaciones curiosas: “Dalmases, como presidente de Igman, justifica mediante declaraciones juradas: 1. Una factura de viaje de Judith Aixalà (fundadora de Igman y asalariada de Catmon) a Sarajevo, sin que se explique que dicho viaje esté relacionado con ninguna actividad; 2. Un pago de 1.250 euros a Francesc Parés Mercadé, tesorero de Igman, por su colaboración en calidad de experto en desarrollo rural”, dice el texto del magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.
Lo que se ha descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Porque la imprenta que todos ellos tenían, Discatimat, también se mantenía con el dinero proveniente de Catmon, Igman “y de contratos con la Administración catalana u organismos de la misma”. El socio administrador de la imprenta es Joaquim Milla. La sede de Igman en Barcelona coincide con la de Catmon, Estudiologo (nombre comercial de Discatimat) y la de Òmnium Cultural en el distrito de Ciutat Vella, lo que evidencia una connivencia y camaradería entre distintos grupos o colectivos soberanistas.
Prebendas desde la Administración
De los documentos judiciales se desprende sin ningún género de duda el trato de favor de los directivos de la diputación para con sus colegas de partido. De ahí que Catmon e Igman fuesen reiteradamente beneficiadas con suculentas ayudas públicas a pesar de los informes negativos que elaboraban los técnicos profesionales de la propia diputación.
Además de las ingentes subvenciones recibidas de la Generalitat e incluso del Ayuntamiento de Barcelona (las dos fundaciones pudieron llevarse entre 2011 y 2015 más de 10 millones de euros), la diputación fue otro de los grifos que la red abrió para su propio provecho. Así, Catmon recibía dinero para su revista de la Diputación de Barcelona: en el año 2012, un total de 24.063 euros. Ese mismo ejercicio, Igman recibió 31.031 euros para “el fortalecimiento de procesos de reconstrucción en Opstina Trnovo”. En esta operación participaron también dos alcaldes de Opstina Trnovo, el presidente de Od Behar Vi y el Ayuntamiento de Talamanca.
Desde 2012, el diputado vivía de lo que cobraba de estas fundaciones, “principalmente de Catmon, mediante retribuciones por servicios profesionales”
En 2013, vuelven a la carga: por una “guía digital turística de Opstina Trnovo”, Igman se embolsó 52.800 euros. En el proyecto participaron el alcalde de Opstina Trnovo, el de Talamanca, la imprenta Discatimat, la organización Bosnia para la Paz y la Reconciliación y la empresa bosnia Pamprojekt DOO Sarajevo. Los técnicos elaboraron informes negativos sobre este proyecto, pero aun así Laura Capdevila Jericó acabó aprobándolo y ordenó su pago. El informe del juez afirma que “falta verificación suficiente de las actividades de formación realizadas en Bosnia”.
En 2015, Catmon recibió 49.918,40 euros para la difusión de su revista. Para justificarlo, se aporta un brevísimo informe que señala que el motivo de proponer la concesión directa de la subvención es atender «al hecho de la singularidad del proyecto, que no hace viable la convocatoria pública de la subvención». Quien firma este informe es Jordi Castells Masanés,actual subdirector general en la Generalitat y entonces responsable de relaciones internacionales de la diputación. Según el auto del juez, “la falta de explicación debería interpretarse como que no hay explicación racional (desde el punto de vista jurídico-administrativo) más allá de un presumible interés de Castells en beneficiar por algún motivo personal a las personas del grupo Catmon-Igman”.
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Ese mismo ejercicio, el grupo recibe otra subvención para la revista ‘ONGC’, de la asociación Igman, aunque de 28.650 euros. Según los documentos del juez, Catmon presentó como justificación de gastos directos de proyectos facturas de Francesc de Dalmases (patrón fundador de la beneficiaria). Esas facturas simulaban servicios como “tareas de dirección de la revista ‘ONGC”, cuando esa revista no era de Catmon, sino de Igman. Además, según los estatutos de Catmon, los patronos “ejercen el cargo gratuitamente, sin perjuicio del derecho de reembolso de los gastos debidamente justificados”. Por si fuera poco, algunas facturas fueron pagadas al diputado con anterioridad a la emisión de las mismas, lo que evidencia cómo corría el dinero hacia los bolsillos particulares de la trama. El desbarajuste era tal que Discatimar llegó a enviar facturas a Catmon por servicios prestados a Igman. Todos los expedientes son irregulares
Según los documentos, “todos los expedientes son irregulares, presentan un gran desorden e incoherencias, mostrando dejadez en la presentación de documentación por parte de los beneficiarios”. Y son frecuentes los informes negativos, aunque al final siempre les daban el dinero. Otra irregularidad es que se incluyen facturas emitidas por distintas personas por los mismos conceptos que otras facturas emitidas desde Discatimat.
Y no solo eso. El magistrado asegura que “existen indicios de que los técnicos de la Diputación de Barcelona pudieran haber sido presionados por Castells para que emitieran informes favorables al otorgamiento de ciertas subvenciones, a pesar de su dictamen inicial en contra. Así consta en un informe de la Agencia Catalana de Salud incorporado a las actuaciones a raíz de una denuncia sindical sobre presiones a los técnicos de la Diputación de Barcelona que trabajaban en la oficina de Cooperación al Desarrollo”.
