BComú vota a favor de subir la tarifa mínima funeraria un 16%
Los trabajadores de Serveis Funeraris acusan a los representantes de Colau de votar el incremento hasta los 2.072 euros
El renovado y ampliado tanatorio de Sancho de Ávila (Montse Gira)
La plantilla de trabajadores de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), la empresa en la que el Ayuntamiento de la capital catalana mantiene todavía un 15% de participación, ha criticado lo que consideran un encarecimiento de las tarifas mínimas para las ceremonias funerarias, aprobado en el último consejo de administración de la empresa. El comité de empresa lamenta que los representantes del gobierno de Ada Colau en la empresa funeraria, el concejal de Presidencia, Eloi Badia, y el gerente municipal, Jordi Martí, votasen a favor de tal incremento. El Ayuntamiento rechaza que se trate de un aumento de precios y prefiere hablar de una modificación de tarifas que, a su vez, propiciará obtener un mayor número de servicios subvencionados, mal llamados de beneficencia. La tarifa Coral, asequible para el público en general y la más económica del servicio funerario de Barcelona, ha pasado de tener un precio de 1.811,76 euros (1.548 del servicio Coral más 263,74 de ceremonia) a 2.072,43 euros (1.806,9 del servicio más 265,50 de la ceremonia). La nueva tarifa, destacan los trabajadores, coincide con la que el gobierno municipal pactó con ERC como paso previo a la creación de una nueva funeraria municipal. Según fuentes municipales, el gobierno apoya esta modificación de tarifas, ya que permite “abrir el servicio funerario a todo el mundo”. Recuerdan así que el servicio Coral hasta ahora era subvencionado, mientras que un servicio mínimo “podía ascender a 3.200 euros”. Con el nuevo acuerdo, la tarifa “se reduce a 1.800 euros”. Desde el Consistorio también aseguran que han reclamado a Serveis Funeraris que “ofrezca un servicio adaptado a todas las necesidades”.
El gobierno municipal precisa que la modificación de precios permitirá más servicios subvencionados
El Ayuntamiento de Barcelona, que desde hace tiempo esta empeñado en crear una funeraria pública con el objetivo de abaratar los precios –algo que, según los operadores privados, no será posible sin una merma notable de la calidad del servicio–, dispone del 15% de las acciones de Serveis Funeraris de Barcelona, frente al 85% de Mémora. Sin embargo, por convenio, el Ayuntamiento tiene capacidad de veto sobre cualquier opción tarifaria.
“Sin sus dos votos sólo podríamos aprobar el aumento del IPC”, reconoce Juan José Domingo, consejero delegado de Mémora, que justifica la modificación de la tarifa mínima a cambio de “una ampliación de volumen de los servicios gratuitos a precios sociales”. Domingo recuerda, sin embargo, que “en SFB ya ofrecemos una tarifa a medida de cada familia”. El servicio de 1.400 euros (sin IVA) detalla que “era el servicio social que será sustituido prácticamente por uno gratuito. El directivo de Mémora confirma que “el Ayuntamiento indicó que 1.800 euros sería el precio mínimo de la eventual funeraria pública”, un proyecto que, recuerda, “nadie apoya”. Por otro lado, el Ayuntamiento deberá vender el 15% de las acciones antes de iniciar un proyecto de funeraria municipal. De lo contrario, incurriría en una ilegalidad.
Para los trabajadores del servicio funerario –80 en Sancho de Ávila y 300 en Serveis Funeraris– “es inaudito que hablen de ofrecer un servicio más económico en Barcelona y que cuando tienen la oportunidad suban las tarifas”. Asimismo critican la falta de preocupación del gobierno Colau, como demuestran con el bajo índice de asistencia de los representantes municipales a los consejos de administración. “Eloi Badia –denuncian– apenas ha estado en el 30% de las reuniones”.
Más retraso del operador público
La funeraria pública no se debatirá tampoco en el pleno de mañana. El gobierno municipal de BComú asegura que “aún está en negociaciones, en espera de llevar al plenario el expediente económico”, algo que todavía no podrá realizar. El retraso enoja a los republicanos, con quien habían pactado una serie de acuerdos previos a su implantación. Desde las filas de ERC recuerdan que es un acuerdo alcanzado hace dos meses, “que han incumplido y del que ahora ya nos sentimos desvinculados”. Desde el grupo municipal de Esquerra se recuerda la promesa inicial hecha por el gobierno de Ada Colau de que la funeraria pública entraría en funcionamiento en el mes de junio, una fecha del todo inalcanzable.
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