Tras 18 años de funcionamiento, el Ayuntamiento de Barcelona quiere reinventar el 22@. Un rediseño urbanístico que ha desatado una tormenta política con los grupos de oposición, que acusan al gobierno de Ada Colau de mantenerles al margen de una transformación vital para la economía local y con consecuencias irreparables en un modelo de éxito reconocido por agentes económicos y urbanos de todo el mundo.
El Ayuntamiento presentó ayer un pacto con entidades vecinales, tejido asociativo y agentes económicos para potenciar la mixticidad de usos, triplicar la reserva de techo para vivienda protegida de alquiler hasta un 30% –entre 5.000 y 6.000 pisos más– y potenciar su zona norte, la que está por encima de la Diagonal y que apenas se ha “transformado”, según técnicos municipales. El plan también prevé “desafectar” un ámbito –unas quince manzanas entre Bogatell, Trullàs y la Plata del Poblenou– donde existen edificaciones muy atomizadas y que ahora no se consideran idóneas para desarrollar usos productivos del 22@. El equipo de gobierno entiende que las necesidades de Barcelona han cambiado y la máxima que en el momento de creación del distrito tecnológico lanzó entonces el arquitecto jefe municipal, Josep Anton Acebillo, “Barcelona será terciaria o no será”, ha pasado a la historia ante la “urgencia” de otras necesidades como la falta de vivienda pública asequible.
El Ayuntamiento quiere aumentar la reserva de techo residencial del 10% al 30%
El acuerdo, que cuenta con el beneplácito de entidades vecinales, universidades y agentes económicos a través de la Associació d’Empreses i Institucions 22@ Networking, tiene pocas probabilidades de avanzar si los grupos políticos no lo aprueban. La intención del gobierno municipal es llevar este rediseño al plenario antes que acabe el mandato. No obstante, PDECat como ERC y PSC criticaron ayer la falta de diálogo del la alcaldesa e instaron al equipo de gobierno a negociar sobre un tema tan importante del que, según ellos, se les ha mantenido al margen. No comparten las prisas para modificar un proyecto de tal envergadura para la ciudad.
El pacto presentado ayer prevé dos modificaciones de Plan General Metropolitano (PGM). Uno afectaría a la parte superior del 22@, sobre la Diagonal, y comportaría triplicar el techo reservado para vivienda protegida de alquiler, pasar del 10% al 30%. El Ayuntamiento podría ceder a entidades sociales y cooperativas desarrollar parte del techo residencial para construir pisos protegidos de venta. La otra modificación serviría para “desafectar” una zona con muchos propietarios que busca preservar la tipología de casas y pasajes más próximos al Poblenou. El futuro 22@, según explicó la alcaldesa, pivotará en el eje de las calles Pere IV y Cristòbal de Moura. Este último vial será una gran avenida verde que debe llevar el distrito tecnológico hasta los barrios del Maresme y el Besòs. La redefinición del 22@ también contempla actuar en el parque central de Poblenou para hacerlo más permeable –destacó ayer Marc Andreu, consejero técnico de Sant Martí– y ligarlo con Can Ricart, cedida a la Universitat de Barcelona.
La presentación del pacto también ha pillado por sorpresa al colectivo de profesionales que hace unos meses presentó un manifiesto en favor del 22@. Ramon García-Bragado, exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento durante el mandato socialista, comparte la intención de repensar el 22@, pero entiende que la propuesta es un “proceso acelerado de desmontaje del distrito tecnológico” y calificó la revisión de “modificación en profundidad”, ya que destinar este 30% a techo a residencial comportará a su vez dedicar parte de la reserva para actividades productivas a equipamientos y a zonas verdes. De “brindis al sol” lo calificó el antiguo arquitecto jefe municipal, Oriol Clos, quien señaló que el “motor del 22@ no es la vivienda, sino el tejido innovador y productivo formado por la economía social, pequeñas empresas y emprendedores”. Consideró que muchos de los ámbitos que están dentro de la modificación de PGM en la zona sur ya están aprobados –aunque no desarrollados– y que no se puede imponer nuevas cargas urbanísticas como es el 30% de vivienda.
