De pronto, reivindicar el diálogo, la política, lo natural en cualquier país democrático, parecía ser lo radical. La unilateralidad, el bloqueo de cualquier negociación y, lo más grave, la judicialización de la política se ha convertido en la hoja de ruta de los extremos más enfrentados en esta crisis que nos ha llevado a un callejón sin salida. La moción de censura que ha permitido a Pedro Sánchez ocupar la Moncloa y la confección de un Govern por parte del ‘president’ Quim Torra son un cambio de escenario y el relevo de los hasta el momento principales protagonistas del choque institucional, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Ahora toca escenificar este nuevo marco de relación y generar las condiciones que nos permitan, en todo momento desde la política, superar los agravios y regresar a la normalidad institucional sin que nadie tenga que renunciar a sus convicciones, siempre y cuando se canalicen en el respeto a la ley.

En este nuevo proceso de normalización institucional tendrán por supuesto gran relevancia los municipios. En las ciudades es donde se construye -y se destruye- la convivencia, base de cualquier sociedad democrática. Los alcaldes lo hemos vivido -y sufrido- en primera persona en los últimos tiempos, especialmente los socialistas y aquellos que desde otras posiciones ideológicas nunca renunciamos al diálogo. Ahora nos toca contribuir a cerrar las heridas y restituir la política.

Para ello, los ayuntamientos debemos recuperar nuestras capacidades de gestión, recortadas con la excusa de la crisis bajo el mandato del PP y que afectan a las limitaciones de déficit y de inversión. Es en este marco que debemos también abrir ya un debate sobre el papel de las áreas metropolitanas, esas ciudades de ciudades que son los centros reales de acumulación económica y producción de riqueza.

Hoy son las áreas metropolitanas los auténticos motores económicos, las que compiten por atraer inversiones tanto en el marco nacional como el internacional. Es el caso del área metropolitana de Barcelona, que, liderada por la capital catalana pero también en su conjunto, es la principal generadora de riqueza de España.

Es por esta razón que, después de 40 años de la recuperación de los ayuntamientos democráticos, hay que dar un paso más y reconocer a las áreas metropolitanas más allá de simples instrumentos para mancomunar servicios. Y es en el marco de la reforma constitucional que defendemos los socialistas que debería tener cabida una solución política e institucional sobre esta cuestión. El hecho metropolitano, su realidad urbana, económica y social, precisa de una respuesta constitucional.

Debemos aprovechar el debate sobre la reforma constitucional para reparar el grave error que supuso en 1987 la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona. Pese a aquella abolición, la realidad impuso que se preservaran las políticas de transporte y medioambiente en el ámbito metropolitano. La ley del área metropolitana del 2010 las amplió al urbanismo, la promoción económica y la cohesión social. Pero ya no es suficiente.

La Europa de las grandes ciudades

La Unión Europea va camino de pasar de la Europa de los estados a la de las grandes ciudades entendidas como aglomeraciones metropolitanas. De ahí que sea imprescindible su reconocimiento institucional y político. En nuestra área metropolitana debemos poder desarrollar nuevas políticas propias en turismo, vivienda y fiscalidad, entre otras, incluso diferenciadas del resto del territorio. No deben ser lo mismo, por ejemplo, las políticas urbanísticas para el Pirineo que para Barcelona y su área metropolitana.

No obstante, el reconocimiento constitucional del área metropolitana no debe hacerse en perjuicio de la identidad y autonomía local de cada municipio, que las debe preservar. Por ello, hay que debatir en profundidad y con rigor el marco de actuación política e institucional del ente. Las constituciones de Colombia e Italia ya reconocen las áreas metropolitanas. Demos ahora nosotros el paso.

Llegui l’article a El Periódico