“Hemos comprado un coche de 1.500 euros para poder entrar en Barcelona”
Señales indicadoras de la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona, este jueves. Massimiliano Minocri
La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones afecta desde este jueves a 115.000 automóviles y motos
Clara Blanchar – Blanca Cia, Barcelona
Familias que tenían varios coches y darán uno de baja. Otras que lo cambiarán por un turismo también antiguo pero no tanto o aquellas que han decidido hacer un esfuerzo y han optado por uno nuevo. Motoristas que se han comprado una moto recién salida de fábrica. Y algunos que todavía no saben cómo sortearán la prohibición de circular con vehículos sin etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT) que entra en vigor este jueves en Barcelona. El estreno de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, que impone restricciones a la circulación de los coches más contaminantes de lunes a viernes en 95 kilómetros cuadrados de Barcelona -la más grande del sur de Europa- y otros cuatro municipios, impactará sobre unos 115.000 vehículos (85.000 turismos y 30.000 motocicletas), según el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que agrupa la capital y los 35 municipios de su entorno. El cálculo se basa en el parque de vehículos que circula por la capital catalana y su área de influencia.
El Gobierno de la alcaldesa Ada Colau reconoce que la restricción no tendrá efecto claro hasta que en abril se comience a multar. Con todo, el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, ha comparecido para facilitar algún dato: ha asegurado que el tráfico en los accesos a Barcelona ha caído un 15% y en el interior de la ciudad un 11% respecto al 23 de diciembre pasado. El consistorio ha asegurado que son días comparables en volumen de tráfico, aunque habitualmente el 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, la afluencia de compradores y transportistas que acuden a la ciudad es muy elevada.
Cada vez que se pone en marcha una medida de estas características hay voces que claman contra los cambios. Ya pasó hace un año con Madrid Central, cuando oposición y comerciantes avisaron de que la ciudad se colapsaría con las restricciones. No ocurrió. Este tipo de medidas se toman porque la polución genera unas 10.000 muertes prematuras en España, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los niveles de contaminantes más altos se dan en Madrid y Barcelona, por eso la Comisión Europea ha amenazado a España con una multa millonaria si no se toman medidas en ambas ciudades. Madrid lo hizo el 30 de noviembre de 2018 y Barcelona lo hace ahora.
Pero el argumento de la salud no consigue evitar las reticencias de quienes se ven obligados a cambiar sus hábitos. Varios testimonios recogidos este martes son de ciudadanos que aseguran que el transporte público no es una alternativa suficiente al vehículo privado o que se quejan de que el esfuerzo recae más en los ciudadanos que en la industria o en los grandes contaminantes, como los puertos y los aeropuertos.
Josep Maria Llort, por ejemplo, suele desplazarse por trabajo a Barcelona una o dos veces al mes. Vive en el sur de Tarragona y su pequeña furgoneta “va estupendamente, está bien cuidada y pasa las ITV”, pero es antigua y no tiene etiqueta. Siempre carga herramientas y bultos. Asegura que el transporte público no es una alternativa –“no está pensado para el territorio, los horarios son limitados y son horas y horas, cuando no hay averías”- y que los 10 permisos anuales le resultarán insuficientes. Solución: “Hemos comprado un coche de 1.500 euros que puede entrar en Barcelona”. Es un Peugeot Partner diésel de 2007, al límite de las etiquetas de la DGT (quedan fuera coches de gasolina anteriores a 2000 y diésel anteriores a 2006).
“La Zona de Bajas Emisiones está pensada en Barcelona para los de Barcelona, ¿qué hacemos los que subimos cada 15 días, hacemos un par de encargos y nos marchamos?”, lamenta Llort, que admite que “algo hay que hacer, pero no ir a lo fácil”. “Es más ecológico sacar partido a un vehículo mientras esté en buenas condiciones que fabricar uno nuevo”, opina. Y cuestiona que sea cierto que un coche antiguo “contamine 20 o 30 veces más”. “Entiendo que es complicado, pero sería más cómodo medir los kilómetros que hace cada vehículo, el chapuzas que en todo el día solo se desplaza dos veces para hacer una reparación y no tiene dinero para endeudarse, ¿qué hace?”. “La sensación”, dice, “es que siempre pringamos los mismos, cortar por las etiquetas era lo fácil, pero sorprende con un Gobierno que en teoría es de izquierdas”.
La barcelonesa Ascen Capel también piensa que los “paganos” son los ciudadanos. “Yo era consciente de que tenía que cambiar mi coche, un Suzuki de gasoil que contaminaba, pero igual hubiera tardado un poco más”, explica. Barcelonesa del barrio de Gràcia, suele utilizar transporte público para ir a trabajar aunque algunos días opta por llevar su coche que necesita para desplazarse a una casa a la que no se puede acceder en transporte público: “Tardo 50 minutos en llegar a la Ciudad de la Justicia, considero que desde Gràcia es un tiempo excesivo y hay días que opto por el coche”, añade. Se ha comprado un Renault Captur de segunda mano que le ha costado 15.000 euros y se lo entregan el 13 de enero: “En el concesionario todos estábamos por lo mismo, así que es la industria la que hará negocio. Creo que medidas anticontaminación son necesarias pero por lo menos podrían hacer un plan renove o algo así para ayudar. ¿Y la gente que no se lo puede permitir? ¿Qué pasa con el puerto de Barcelona?”, inquiere.
En otros casos, las familias afectadas reconocen que tenían coches de sobra y que prescindirán de los más antiguos. En casa de Pilar Agut, de Cardedeu (a 40 minutos de la capital), vive el matrimonio y dos hijos ya mayores, y hasta hace unas semanas tenían “dos coches viejos que no pueden subir y dos nuevos, además de una moto vieja”. Han optado por poner a la venta los dos viejos, aunque el Audi A4 con el que se desplazaban “funciona perfectamente y apenas gasta, nos sale más barato entrar y salir de Barcelona dos personas en coche que en tren”, asegura Agut.
Y hay quien con motivo de la ZBE se compra un vehículo nuevo, aunque no sea plato de buen gusto. Es lo que hará Lluís Valls: tenía una moto de 1992, bien mantenida y que pasaba las ITV, pero no tiene etiqueta. Es comercial y visita varios clientes a diario: en Barcelona, de punta a punta, y en polígonos y localidades colindantes. “No podría hacer lo que hago si no me desplazara en moto, pero no me planteaba comprar una nueva”, dice, y se pregunta “por qué no se atacan otros focos de contaminación, como los cruceros, la aviación o la industria”. Valls, además, cree que las motos deberían tener un trato distinto: “Ni ocupamos tanto ni contaminamos tanto como los coches”.
“Nosotros teníamos dos coches, los dos de gasoil, de 2002 y 2005. Por el mío me han dado 60 euros y mi marido está intentando que le den algo más. Nosotros hemos optado por comprar uno nuevo”, explica Ramona San Andrés, desde Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Su marido, Jordi Giménez, es autónomo y necesita el coche cada día: “Igual el mismo día tiene que ir a Terrassa, Sabadell o Sitges. Y raro es el día que no va a Barcelona. No hay alternativa de transporte público para él, así que se ha comprado uno nuevo, un Mitsubishi que nos ha costado 24.000 euros. Reconozco que el problema de la contaminación es grave y que hay que hacer algo, pero igual nos podían haber dado más tiempo para organizar las cosas, es un gasto importante”, añade.
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